En 2006 España ratificó la Convención de Nueva York contra la Corrupción, de 2003. Los países firmantes se comprometieron a combatir la corrupción política, uno de los cánceres del estatismo. El artículo trigésimo tercero de este instrumento jurídico insta a la promulgación de leyes que garanticen la protección efectiva a los alertadores y denunciantes de tramas de corrupción política. Sin embargo, España sigue resistiéndose a proteger legalmente a sus whistleblowers.
Comentarios
Bun contra la ley bury de la corrupción
Hace unos días en Torrelavega, Cantabria, sentaron en el banquillo a dos personas que denunciaron las irregularidades en los comedores infantiles de algunos colegios y pese a que al final el juzgado les absolvió y se constataron las irregularidades de que los críos se marchaban con hambre, no se hizo nada contra los responsables, ni fue objeto de ninguna valoración por parte de los políticos cántabros, ni municipales...
En España, personas como Fernando Urruticoechea, Albert Gadea, Carlos Martínez, Itziar González o, muy especialmente, Ana Garrido —la principal reveladora de la trama Gürtel— se la han jugado facilitando a los medios y a la Justicia abundante información sobre las tramas de unos y otros partidos.
Héroes del silencio!!!