La Corte considera que “existe una relación de causalidad adecuada y altamente probable entre las actividades extractivas, desarrolladas por la empresa Cerromatoso S.A., hace más de tres décadas, y las diversas afecciones a la salud que padecen los integrantes de siete comunidades indígenas y del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré, las cuales se encuentran ubicadas en inmediaciones de la mina; y las afectaciones al medio ambiente (agua, animales y plantas), y el peligro en el cual se encuentra su seguridad alimentaria,