Los jueces federales están cada vez más exasperados por el intento de la administración Trump de encerrar a casi toda persona que se enfrenta a un procedimiento de deportación: una expansión draconiana de políticas con décadas de antigüedad que cientos de tribunales han rechazado por considerarlas ilegales o inconstitucionales. Esos jueces han ordenado la puesta en libertad de inmigrantes o la posibilidad de celebrar audiencias de fianza en más de 1.600 casos.
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