Un documento redactado por 14 académicos británicos encargado por el partido laborista quiere rehacer la relación de la sociedad con las grandes firmas. Para los autores del documento, “las presiones para mantener el precio de las acciones y apaciguar a los accionistas, muchos de los cuales son inversionistas a corto plazo, han persuadido a los ejecutivos de otorgar dividendos y otras formas de rendimiento de los accionistas, a menudo a expensas de inversiones a largo plazo, de nuevos productos o de la atención y el cuidado de los clientes".
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Con ese objetivo, los autores del informe realizan distintas propuestas, como obligar a los accionistas a permanecer al mínimo dos años en la firma u otorgar presencia en los consejos de administración a representantes de grupos que tengan interés en la firma, de manera que “puedan orientar la vida de la empresa hacia el largo plazo e impedir los juegos privados que sólo benefician a los especuladores y a los directivos sin escrúpulos”.
La idea de fondo es impedir que la especulación y la avaricia arruinen negocios viables, se pierdan empleos productivos y se causen daños a la economía a largo plazo. Pero más allá de la intención, hay algo esencial en este documento: puesto que la importancia de las empresas en nuestra vida es cada vez mayor, deberíamos tener capacidad de influencia democrática sobre ellas.