La autora del informe, Paula Arce, abogada especializada en derecho penal e investigadora en violencia de género y trabajo sexual, considera que “las sanciones pueden resultar desproporcionadas al equiparar la prostitución con la realización de actividades delictivas en la gravedad de la sanción” y que los procedimientos de urgencia que prevé la norma “pueden dar lugar a prácticas arbitrarias que causen daño de difícil reparación”.
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