Más del 70% de los beneficiarios continúa en riesgo de pobreza pese a cobrar esta ayuda de 505 euros que reciben cerca de 720.000 familias. Según estimaciones de expertos, más de la mitad de las personas con derecho a la ayuda no la han solicitado. «Esto evidencia la persistencia de importantes problemas de eficacia en la implementación de la prestación», denuncia el CES. Entre las causas identificadas: falta de información accesible, complejidad del lenguaje administrativo y miedo a los reintegros por pagos indebidos.
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