Esta infraestructura faraónica, innecesaria, perteneciente al proyecto grandonista del gobierno Areces, aplaudida por casi todo el espectro político, empresarial y sindical de la época, fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo en 2016. La sentencia fue una victoria de un grupo pequeño, pero muy activo y combativo, que logró hacer valer un reglamento que protegía a los vecinos y vecinas de la zona frente a la instalación de (más) infraestructuras innecesarias, peligrosas y contaminantes.