Los trabajadores públicos de este sector llevan «15 años esperando por el reglamento autonómico del cuerpo», como explica uno de ellos. Y también por la Ley Básica de Agentes Medioambientales a nivel estatal. La falta de esta normativa significa que no tienen regulado cómo hacer sus labores, incluidas las situaciones en las que pueden sufrir una agresión mientras trabajan. No tienen medios de defensa, pasos a seguir ni protocolo.
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