Se trata de una medida que tiene importantes visos de inconstitucionalidad y también mucha letra pequeña, según expertos en derecho laboral, porque quedan fuera del amparo de la medida el personal docente y el personal estatutario y equivalente de los servicios de salud, así como el personal laboral de las Administraciones Públicas. Sanidad y Educación son los dos sectores donde existe una mayor temporalidad en el empleo. "Se están metiendo en un berenjenal que corre el riesgo de ser inconstitucional".
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