La juez que instruye el caso ERE ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que investigue si el parlamentario autonómico del PSOE Carmelo Gómez cometió delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsificación en documento mercantil por una contratación simulada de la que se benefició a cargo de una empresa de la trama.
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¿Investigará si es buen español?