La Audiencia española deberá hacer pública toda la investigación secreta que realizó entre los años 2018 y 2019 a treinta y ocho activistas de los CDR y las organizaciones políticas de la izquierda independentista que derivó en la operación judicial y las acusaciones de terrorismo del 23-S. Según ha informado Alerta Solidaria, la sala segunda de la Audiencia les ha dado la razón y obliga al juez Manuel García Castellón a permitir el acceso a todos los elementos de la causa.
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