La Fiscalía sostiene que Cortina pudo incurrir en un delito de aprovechamiento de información privilegiada tras asociarse con uno de los principales imputados en la investigación del PGOU, el constructor Enrique Ortiz, para comprar suelo en zonas protegidas y trasladar los aprovechamientos urbanísticos con que se verían compensados a otras áreas urbanizables de la ciudad.