La decisión de María Isabel Serrano vino precedida del dictamen que elaboró un perito de la Agencia Tributaria de la Delegación de Madrid donde éste aseguraba que no se podía cuantificar el delito contra la Hacienda Pública cometido por el empresario uruguayo Ernesto Colman. Al recibir este informe de la Agencia Tributaria, la instructora del caso Topolino decidió archivar la investigación.
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