La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto expedientes sancionadores a ocho entidades financieras que poseen viviendas protegidas que no han sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes, lo que supone un incumplimiento de lo establecido en la Ley de Vivienda Protegida y en la Ley de Función Social de la Vivienda de la Junta.