Todos los jefes de división de la Intervención cesados, según ha señalado Nieto, “tenían acceso” a los expedientes de los contratos de emergencia, que el Gobierno de Moreno adjudicó por valor de 243 millones de euros, pese a que el marco normativo que amparaba este tipo de contrataciones había decaído en 2021.Cuando la Junta anunció el 8 de febrero la sustitución de González, en el cargo desde 2022, alegó que se debía a “motivos personales”, pero ella misma había informado un día antes en una reunión interna con el resto de interventores
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