Hace 4 años | Por aiounsoufa a elconfidencial.com
Publicado hace 4 años por aiounsoufa a elconfidencial.com

El origen de este conflicto se remonta a agosto de 2017, fecha en que el Consell decidió rescatar el túnel invocando razones de interés público. En un primer momento, la concesionaria dirigida por Javier Pérez Fortea logró frenar esta decisión por medio de unas medidas cautelares que apenas lograron retrasar, hasta diciembre de ese mismo año, lo inevitable. A pesar de ello, la compañía mantuvo el procedimiento contencioso-administrativo que, en un fallo conocido el pasado viernes, aunque está firmado el 13 de marzo, ha declarado la nulidad

Comentarios

Ze7eN

#11 Hay posibilidad de recurso, así que espero que quede en nada.

M

#12 Esperemos que sí

Ze7eN

#14 Entiendo que no es que no lo hayan justificado, sino que no lo han hecho correctamente.

b

Muy buena noticia, estoy hasta las narices de rescatar empresas cuando tienen pérdidas pero que ni siquiera pagen los impuestos de los beneficios.

masde120

#2 Entiendo que esta noticia sea difícil de entender pero hay que leérselas y no quedarse en el titular.
Ha ganado la empresa y nos tocará pagar una pasta de millones.

Yonny

#2 no has leído la noticia... la empresa no quería ser "recatada".

b

#4 Pues no, hoy tengo que trabajar y estoy en plan pistolero.

D

#2 la empresa no tenía pérdidas, el estado (gobierno autonómico en este caso) decidió que por el "interés general" se quedaba el túnel. Y ahora nos tocará pagar, con toda probabilidad, a todos, 31 millones a la empresa concesionaria

Ze7eN

#5 Dinero que hay que sumar a todo lo que ya robó el Partido Popular durante su adjudicación y consctrucción. Adjudicaron la obra de manera ilegal a un amiguete para subvencionarse las campañas de 1989 y 1991 en Baleares. Spoiler: los acusados fueron declarados culpables pero fueron absueltos por la prescripción del delito.

https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_T%C3%BAnel_de_S%C3%B3ller
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2009/04/04/mallorca-condenas-media/451460.html

Ze7eN

#2 Es un caso bastante complejo, así que entiendo que los que seais de fuera hagáis comentarios como ese desde el desconocimiento. Yo también estoy harto de rescatar empresas que tienen pérdidas, pero en este caso puntual no van por ahí los tiros. De hecho la empresa no tenía pérdidas.

Este peaje era un robo a mano armada, 5,10 €, siendo así el túnel más caro por km en España (1,68 € por cada kilómetro recorrido). Además, ese túnel permite acceder de Palma a Soller y a el otro lado de la Serra de Tramuntana en apenas 20 minutos, era la única vía de acceso directa entre esas dos partes de la isla. La otra era subir una carretera de montaña llena de curvas que te lleva más de una hora de camino. Mi madre, que vive en Palma, estuvo varios años trabajando en un colegio de Soller y teniendo que hacerse ese camino de ida y vuelta. La supresión del peaje de ese túnel era algo que toda la ciudadanía de la isla deseaba desde hace años, y se celebró por todo lo alto aquí en la isla. Se me antoja complicado entender esta decisión judicial y que no pueda considerarse interés público.

M

#7 En realidad no es que no pueda considerarse de interés público, es que no se ha justificado ese interés público:

"el motivo por el que ha sido declarado nulo el rescate del túnel de Sóller es no haber justificado el interés público de forma clara"

Ze7eN

#8 Si, lo he leído, pero es tan evidente que lo es que me cuesta creer incluso que haya que justificarlo.

M

#9 Por muy evidente que sea un juez se debe basar en las pruebas que le presentan, las que no le presentan por muy evidentes que sean simplemente es como si no existieran.

Alguien aquí no ha hecho bien su trabajo, y no ha sido el juez.

D

#9 en la administración todas las resoluciones hay que justificarlas (motivarlas) siempre.
Es algo tan generalizado que ya sale siempre de natural al escribir un papel. No se como han podido tener un fallo de firma tan tonto.

aiounsoufa

Sin embargo, la posibilidad de recurso y las excepcionales circunstancias en las que se encuentra el país, con los tribunales prácticamente cerrados por la declaración del estado de alarma, hacen preveer que la concesionaria no pueda retomar el control antes de 2022, cuando vencía el plazo de concesión.