El Tribunal General de la UE ha estimado que la normativa española sobre el proceso monitorio, destinado a obtener una resolución rápida en los litigios en los que no existe contradicción, se opone al Derecho comunitario, puesto que, al no imponer la obligación de controlar de oficio la ineficacia de una posible cláusula abusiva en la fase de examen, no permite al juez encargado de la ejecución apreciar dicha ineficacia.