El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó este otoño, nueve años después de lo sucedido, que no, que España no investigó de verdad aquellas dos denuncias por violación mediante sumisión química o, lo que es lo mismo, mediante el uso de drogas. La instrucción hizo aguas por la vía policial, cuya “manipulación sistemática” de las pruebas bajo custodia policial, el tribunal de Estrasburgo censuró, tal y como ya ha contado EL PAÍS. Pero hay otra vía, crucial también para la confianza en el Estado de derecho, la vía judicial.
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