La Asamblea General de Naciones Unidas reconoció en 2010 que el agua potable y el saneamiento son derechos humanos esenciales para el pleno disfrute de la vida y de los demás derechos humanos. Al formar parte del derecho internacional es legalmente vinculante para nuestro país como Estado firmante. Blindar el derecho humano al agua y evitar la fractura social con los sectores más vulnerables exige saltar de las medidas paliativas a los derechos garantizados. El reto es legislar para asegurarlos.
Comentarios
Una ley nunca va a garantizar el derecho al agua, porque en la mayoría de los lugares donde hay problemas de acceso al agua, la ley no se aplica, sólo se aplica la fuerza.
Por las mismas, una ley de mínimo vital de alquiler, o una cesta de la compra básica vital regulada. Todavía podemos respirar gratis, aunque mal.