Las tasas jurídicas implantadas por el, entonces, ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, establecían que la recaudación de las mismas iba destinada a financiar el servicio de asistencia jurídica gratuita. Dos años después de su implantación, los juzgados todavía están esperando que se les aporte ese beneficio ya recaudado.
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