Insólito pero cierto. Un órgano judicial -el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid- califica como abuso de derecho la conducta de un poder administrativo sujeto, por definición, al principio de legalidad. El reproche afea la hoja de servicios de la Comunidad de Madrid, que ha perjudicado sin buena causa a un contribuyente por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
Del artículo:
"La mayoría ciudadanos está sufriendo un severo castigo fiscal por dos vías: la normativa (mayores exigencias de ingresos tributarios y peores servicios públicos) y la administrativa (los sistemas de aplicación de los tributos). Sólo me referiré a la segunda. Discutir con las Administraciones tributarias supone tiempo, dinero y disgustos (aunque luego los tribunales le den a uno la razón). Son gajes del “oficio” de contribuyente. Pero si, además, en la aplicación de los tributos la Administración incurre en abuso de derecho, como sucede en algunos casos, esa Administración, irresponsable y ayuna de seriedad, no debería encontrar refugio en la resignación ciudadana. Nuestras leyes administrativas regulan la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. También establecen, cuando la Administración hubiere indemnizado a los ciudadanos lesionados, la posibilidad de que aquélla exija de sus autoridades y del personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave, causante del resarcimiento administrativo. Si esas normas fueran efectivas y no retóricas el ciudadano recibiría un trato mejor. ¿Es factible? ¿Por qué no?"
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Del artículo:
"La mayoría ciudadanos está sufriendo un severo castigo fiscal por dos vías: la normativa (mayores exigencias de ingresos tributarios y peores servicios públicos) y la administrativa (los sistemas de aplicación de los tributos). Sólo me referiré a la segunda. Discutir con las Administraciones tributarias supone tiempo, dinero y disgustos (aunque luego los tribunales le den a uno la razón). Son gajes del “oficio” de contribuyente. Pero si, además, en la aplicación de los tributos la Administración incurre en abuso de derecho, como sucede en algunos casos, esa Administración, irresponsable y ayuna de seriedad, no debería encontrar refugio en la resignación ciudadana. Nuestras leyes administrativas regulan la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. También establecen, cuando la Administración hubiere indemnizado a los ciudadanos lesionados, la posibilidad de que aquélla exija de sus autoridades y del personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave, causante del resarcimiento administrativo. Si esas normas fueran efectivas y no retóricas el ciudadano recibiría un trato mejor. ¿Es factible? ¿Por qué no?"