Más de 40.000 folios y miles de empresas forman el complejísimo caso Rato, una maraña societaria que ha provocado que el juez que investiga la fortuna del exvicepresidente del Gobierno haya dado un ultimátum a Hacienda para que cierre su informe bajo amenaza de ser acusados de desobediencia. A mediados del pasado noviembre, el juez instructor número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, instaba a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda
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