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#3:
En españa tenemos más problema de inspección y sanción que de falta de leyes. Todo lo que se haga por cumplir lo que ya es obligatorio es bienvenido.
Comentarios
En españa tenemos más problema de inspección y sanción que de falta de leyes. Todo lo que se haga por cumplir lo que ya es obligatorio es bienvenido.
#5 No hace falta que sea uno en Nigeria, se habla de que Consumo sancione en fraudes masivos, que mas le dará a Telefónica, a Iberdrola o a Repsol que les saquen un millón, de un fraude o manipulación que les va a dar cientos (o ...) de millones de beneficios. Te robo 100, te pago 1 de multa y como ya he pagado por mi crimen soy una empresa ejemplar y responsable...
Como dice #3 hay un problema bastante grande con el tema de inspección, pero es que además hay un problema muy grande con la proporcionalidad de las sanciones, que a uno "pequeño" si lo pillan lo hunden, pero a uno "grande" no le hacen ni cosquillas. Lo de siempre las leyes hechas para castigar al robagallinas, y dejar hacer a los señoritos
La noticia es que no pasara ya antes.
El Gobierno dotará a Consumo de capacidad sancionadora contra fraudes y cláusulas abusivas
El Gobierno dotará a Consumo de capacidad sanciona...
eldiario.esSi en las etiquetas no se pusiesen tonterías, sería más fácil detectar que una noticia ya se ha enviado.
#6
duplicada
Un millón de euros? BUAHAHAHHAHAHA
#4 Sobre todo cuando le ponga la multa a uno en Nigeria o así...
Bueno, Garzón parece que hace algo...
Consumo podrá interponer multas de hasta un millón de euros a las empresas en caso de fraude.
El Consejo de Ministros ha iniciado la tramitación del anteproyecto para que Consumo comparta la potestad sancionadora con las comunidades autónomas.
El Ministerio de Consumo tendrá capacidad sancionadora contra los fraudes e incumplimientos masivos y podrá interponer las multas correspondientes, según adelantaron fuentes del Gobierno a ABC. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido dotar al titular de Consumo, Alberto Garzón, y al departamento que dirige de competencias para sancionar a grandes empresas cuando incumplan normativas que afecten a los consumidores. El Consejo de Ministros ha iniciado este martes la tramitación del anteproyecto, con lo que el Ministerio de Consumo compartirá las competencias sancionadoras con las autonomías una vez que la norma salga adelante.
Con la reforma de la Ley General de de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), el Ministerio de Consumo tendrá competencia sancionadora en casos de fraudes masivos que afecten a varios países, a la unidad de mercado o cuando el infractor no esté localizado en España, como las estafas que se dan en el comercio electrónico. Las nuevas sanciones máximas que podrá imponer el Estado serán de hasta un millón de euros u ocho veces el beneficio ilícito obtenido si la infracción ha sido cometida en España, y hasta el 4% del volumen de facturación de las empresas cuando se cometan infracciones en varios estados miembros.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, Garzón señaló la importancia «crucial» del nuevo régimen sancionador, que, según él, corregirá la «asimetría de poder entre grandes operadores y las personas consumidoras». El titular de Consumo añadió que espera que el nuevo régimen sancionador actúe como desincentivo a la hora de cometer fraudes y abusos, pero deseó que «no haga falta utilizar esta herramienta». La nueva normativa habría permitido actuar al Ejecutivo con mayor celeridad ante casos como el 'dieselgate' o las cláusulas suelo, que afectaron a millones de españoles, según aclaró el titular de Consumo.
No obstante, las comunidades autónomas mantendrán las competencias sancionadoras que asumieron con la promulgación de la primera versión de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en 1984. Es decir, una autoridad de consumo autonómica podrá seguir multando y tomando medidas ante un fraude que afecte a consumidores de distintas regiones. Por su parte, el Ministerio podrá iniciar expedientes sancionadores y aplicar multas proporcionales a la gravedad de los hechos, el número de consumidores afectados y el beneficio ilícito obtenido por una compañía determinada.
Desde Facua explican que el Gobierno, a instancias de Consumo, da así cumplimiento a una reivindicación que la asociación lleva planteando desde 2015 y que comunicó a Garzón al inicio de la legislatura.
Publicidad en redes sociales:
Esta reforma también permitirá perseguir la práctica desleal de reventa de entradas a espectáculos mediante «bots» y en el caso de que impida que los consumidores accedan al mercado con normalidad. Además, se recoge por primera vez la prohibición de la publicidad encubierta en redes sociales, hasta ahora no regulada expresamente, y la publicación de reseñas y valoraciones falsas o pagadas por el fabricante en los productos a la venta en internet. En este sentido, el empresario tendrá que garantizar que las valoraciones publicadas proceden de consumidores o usuarios que realmente han adquirido el bien o utilizado el servicio.
En la misma línea, la reforma incluye controles a los buscadores online cuando otorguen puntuaciones y valoraciones superiores a bienes o servicios con respecto a los de sus competidores y no informen a los consumidores de que su posicionamiento responde a publicidad pagada. Con la modificación, los motores de búsqueda tendrán que incluir una descripción de los parámetros utilizados para establecer la clasificación de los resultados. En el caso de que un precio haya sido personalizado para el consumidor, sobre la base de una toma de decisiones automatizada, se deberá informar de este hecho.
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