Tenemos 19 autoridades con competencias sancionadoras frente a las prácticas empresariales que vulneren las leyes de defensa de los consumidores. Se trata de las agencias, institutos, direcciones o secretarías generales de Consumo de las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Tantas como los anillos de poder. Pero a diferencia de lo que ocurría en la obra de Tolkien, no existe una autoridad que acumule los poderes de todas las demás cuando se producen fraudes que afectan a usuarios de diferentes territorios.
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¿La Audiciencia Nacional?