En la Constitución yugoslava (a partir de los años cincuenta) se concretó un principio de obligatoriedad para organizar el trabajo por parte de los trabajadores en todos los escalones y etapas del proceso productivo. Desde la segunda mitad de los años sesenta y a comienzos de los setenta, comenzó a observarse que estas transformaciones en las relaciones de producción erigían, de facto, a una capa social privilegiada por su condición y posición económica.