Hace 8 años | Por gartstell a jornada.unam.mx
Publicado hace 8 años por gartstell a jornada.unam.mx

Sometidos a violaciones en sus derechos laborales y humanos, trabajadores de la trasnacional finlandesa PKC Arneses y Accesorios en Ciudad Acuña, Coahuila, México, sobreviven con salarios apenas arriba del mínimo, carecen de libertad sindical, no pueden ir al baño sin autorización de un supervisor y sus jornadas son de nueve horas de pie, además de que sus espacios no tienen ventilación adecuada y no los dejan ni tomar agua. En entrevistas realizadas a decenas de trabajadores mostraron los recibos de sus salarios...

Comentarios

D

Despido libre, eliminación de sindicatos, recorte de derechos laborales y aumento de horas semanales: solo así se sale de la crisis para ser más competitivos.

¿No dicen esos los más sabios economistas?

En esa trasnacional finlandesa deben de ser la hostia de competitivos.

D

¿pero como va a haber finlandeses viviendo fuera de su paraiso?

Algo no cuadra en todo esto.

g

El pago mensual es de aproximadamente 166 euros. Lo cual es sumamente bajo incluso para la región y para el tipo de empresa. La cuestión del Sindicato de protección es de lo más aberrante. La CTM es un sindicato patronal, cuya función es controlar y castigar a los obreros en coordinación con los patrones y hacer "listas negras" para no contratar, por ejemplo, a un trabajador que en algún momento demandó a una empresa por despido injustificado. Luego en la noticia se menciona que se está luchando por cambiar la titularidad del sindicato de la CTM al Sindicato Nacional de Mineros, que dirige Napoleón Gómez Urrutia, el cual sí es un sindicato de verdad. Por cierto Napoleón Gómez Urrutia no vive en México, ya que tiene ordenes de aprensión en su contra por supuestos delitos de lavado de dinero (el mismo delito que los dirigentes del sindicato de maestros recientemente encarcelados). Vive en Canadá, donde de hecho hace poco recibió la ciudadanía, apoyado por personalidades de aquél país cercanas a la lucha sindical. Esa es la forma típica del gobierno de México para encarcelar de los dirigentes sindicales: como las "Juntas de Conciliación y Arbitraje" no dependen del poder judicial, sino del ejecutivo federal, arbitraria e ilegalmente se desconoce a un determinado dirigente o grupo de dirigentes sindicales, aunque sea por unos meses, con lo que legalmente los imposibilita de utilizar los recursos del sindicato, cuotas, instalaciones, etc. Como el sindicato tiene que seguir operando e incluso redoblar esfuerzos para recuperar su reconocimiento legal, se realizan aportaciones directas de los obreros a los dirigentes. Luego el gobierno constata que los dirigentes obreros hacen uso de grandes cantidades de dinero que no están justificadas y se les mete a un penal de alta seguridad, de preferencia al otro lado del país, por "lavado de dinero".