Tras aquella publicación, los magistrados ya presentaron una denuncia conjunta en el juzgado de guardia de Barcelona en la que se pedía la apertura de una investigación para aclarar quién accedió a las bases de datos del DNI y facilitó las imágenes a ese medio de comunicación. Un proceso judicial que se archivó en España pero que terminó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
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