Trufadas de expresiones ambiguas, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Códigp Penal ampara interpretación arbitraria que limitan derechos fundamentales, como el de reunión y el de participación en la vida pública. Y tienen destinatarios con nombres y apellidos. Con la Ley mordaza, el Ejecutivo se reserva la facultad de poner multas, sustrayendo al control del juez, a comportamientos que obstaculizan el ejercicio de derechos fundamentales, según denuncia Patricia Goicoechea, vicepresidenta de Rights International Spain.