La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción ponen el foco en las tasaciones inmobiliarias de Banco Popular. El juez José Luis Calama ha ordenado esta semana que Santander aporte el listado de todos los activos adjudicados y participaciones inmobiliarias de la entidad que compró en 2017, así como las tasaciones que llevaban incorporadas. Esta petición va en línea con la tesis de Anticorrupción, que cree que los gestores del Popular pudieron inflar las valoraciones para mantener a flote el banco.
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