Su relación laboral ha sido rescindida por el Ayuntamiento de Mataró con total impunidad a pesar de los numerosos avisos desesperados de la “persona protegida”. La “Oficina Antifraude de Cataluña” había reconocido y declarado previamente su estatus de “prsona protegida” pero sigue sin sancionar al Ayuntamiento de Mataró como estipula la ley. Ello conlleva que no se haya restaurado ni restablecido absolutamente ninguno de los derechos vulnerados a la trabajadora y que los responsables sigan impunes:
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