Tenerife y Gran Canaria llevan años sorteando las barreras financieras y las territoriales para poner en marcha redes ferroviarias. El mayor riesgo de estas obras es la posible intrusión salina que puede afectar al hormigón y a las estructuras metálicas de los túneles. El coste estimado de más de 2.200 millones de euros, en cada isla.
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