No son entidades gestoras que gocen del beneficio de justicia gratuita, según su sentencia de casación número 177/2024, de 29 de enero, para la unificación de doctrina. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado que procede la imposición en costas a los órganos responsables de la gestión de los expedientes de valoración y reconocimiento del grado de discapacidad de las Comunidades Autónomas.