Carmen Martínez-Bordiú adeuda al Estado varias anualidades de la tasa que han de pagar las sociedades y se ha quedado sin representante legal en el país centroamericano al no abonarle tampoco sus honorarios profesionales. El Registro Público de Panamá ha suspendido todos los derechos corporativos de la empresa local (Triana Enterprises SA) a cuyo nombre figura la titularidad de la finca que Carmen Martínez-Bordiú posee en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra desde hace más de 25 años.
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