La jueza Carmen Rodríguez-Medel oyó campanas y se puso a santiguarse. Y a repicar. Una denuncia acusaba al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco (PSOE), de haber cometido varios delitos por ‘autorizar’ la manifestación feminista del 8 de marzo, y la magistrada le dio crédito suficiente a la cosa para convertirla en caso. Al fin y al cabo, pensaría, sólo se trataba de intercambiar de sitio ‘o’ y una ‘a’.