En su informe, el Ministerio Público advierte de que el desarrollo de grandes instalaciones fotovoltaicas “implica transformaciones significativas del paisaje, con pérdida o deterioro de hábitats naturales, fragmentación del territorio y reducción de la conectividad ecológica, afectando especialmente a especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra o el lince ibérico.
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