Si bien Augas de Galicia anunció el inicio del procedimiento de revocación, la plataforma avisa de que "se está perdonando a la empresa minera el pago del canon de control de vertidos, que asciende a más de 30 millones de euros por año". Exige que se obligue a pagar antes de que sus administradores "se den a la fuga", pues recuerdan que la matriz empresarial "apenas tiene un capital social de 3.000 euros".