Ya hace casi año y medio que se publicaba la reforma procesal penal, ésa que, entre otras cosas, limitaba el plazo de instrucción de las causas a seis meses como regla general y con la posibilidad de prórroga a dieciocho meses. Una reforma que hizo correr ríos de tinta e indignación que quedaron en eso. En nada. Quienes la idearon –¿o sería mejor decir que la planearon con premeditación y alevosía?- estaban dispuestos a que entrara en vigor tal como estaba, y de nada sirvieron movilizaciones y críticas. La decisión estaba tomada.