La entrada en las clínicas y la incautación de historiales formó parte de una operación conjunta en toda España ordenada por el juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga a las clínicas low cost por los delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública, además de posible blanqueo de capitales.