Los servicios jurídicos del Gobierno del Principado, personado como acusación particular en la causa abierta contra varios exresponsables de UGT por el desvío de fondos de formación, se sumarán a la petición de penas de hasta 10 años de cárcel solicitada por el Ministerio Fiscal.
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Para que luego digáis que las princesas no hacen nada.