En realidad, lo que pretende el Consejo de la UE es eliminar unilateralmente procedimientos de protección de la naturaleza en la concesión de permisos para acelerar el despliegue de las energías renovables. Para las entidades ecologistas es innecesario y generará un pernicioso precedente que pondrá en riesgo tanto las políticas de conservación de la naturaleza como las de lucha contra el cambio climático, además de afectar a la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones europeas.