Se estima que el 9 de septiembre de 2016 unas veinticuatro mil personas en las cárceles de doce estados de Norteamérica pusieron en marcha una huelga a escala nacional, siguiendo un llamamiento a "actuar contra la esclavitud en América" -la Decimotercera enmienda de la Constitución de EE.UU. permite la esclavitud "como castigo por un crimen"-. Pero no hay pruebas de que parar de trabajar pueda derribar un sistema basado en la represión, no en la producción. Bajo un imponente aparato de seguridad no cabe un éxodo contra la esclavitud.
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Hay que aclarar que es cierto que la 13ª Enmienda dice "Ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto", pero el Tribunal Supremo ha declarado muchísimas veces que la excepción no se refiere a la esclavitud, sino a los trabajos forzados.
La esclavitud en el sentido de que una persona pertenece a otra no está permitida. Si lo estuviera, podría someterse a los presos (y presas) a esclavitud sexual, cortarles las manos o cualquier otra salvajada, y no habría problema ya que esas personas son propiedad privada y no se les aplicarían los derechos humanos.
Y dicho esto, es cierto que el sistema penal americano es una mierda y que básicamente consiste en la imposición del capitalismo dentro de la prisión, es decir, que no contempla como objetivo la rehabilitación del penado, sino la rentabilidad y el beneficio económico que se puede sacar del mismo. En este sentido más laxo, la esclavitud sí que existe.