La postura del fiscal del Tribunal Supremo contraria a la imputación de Pablo Casado, pondrá con toda probabilidad a salvo a un político relevante en una investigación judicial que afecta a otras personas a las que, según todos los indicios, se les regaló un máster en las mismas condiciones. Se trata quizás del perfil de privilegio más obvio y menos defendible que otorga el aforamiento. Los aforamientos han servido, para poner trabas a los procedimientos de investigación por corrupción.
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En España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cinco de la Familia Real y el resto --17.603-- pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas. En lo países democráticos no existe ninguno o son contrarísimos. Supone la continuidad del régimen franquista: todo atado y bien atado. No se puede resolver la dictadura si no desaparecen los aforamientos. Quizá fue una forma de suavizar la transición, pero el caso de Casado demuestra que las nuevas generaciones del PPSOE emulan a sus antecesores en obrar impunemente. Lo que no se limpia se pudre aún más.
Cuelgo un comentario de Cuyobai
"El escándalo de los aforramientos no es un fallo de la Constitución, es una de sus razones de ser. La Constitución no es el catálogo de derechos de los españoles sino el reglamento de "El Sistema". Está bien hecha para que parezca lo que no es, un buen compendio de la mierda de país que nos han organizado."
No es solo el aforamiento de políticos el problema, es la forma es que son elegidos los jueces en las altas instancias del poder judicial:
El Tribunal Constitucional es nombrado por los poderes políticos.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, "gobierno de los jueces") es nombrado por los poderes políticos.
El Tribunal Supremo es nombrado por el CGPJ (que es nombrado por los poderes políticos).
La Audiencia Nacional es nombrada por el CGPJ (que es nombrado por los poderes políticos).
Los Tribunales Superiores autonómicos son nombrados por el CGPJ (que es nombrado por los poderes políticos) y los poderes políticos directamente.
Queda claro que el poder político se juzga a sí mismo y que el principio de separación de poderes no se cumple.
Para la elección de miembros de órganos colegiados, solo el uso del sorteo entre todos los jueces (con un requisito mínimo de experiencia) y con cortos mandatos (para evitar corruptelas) garantizaría suficientemente la independencia de estos órganos, pues los jueces no deberían su puesto, su carrera y su futuro a nadie.
O quizás se imputó a esas tres personas únicamente como excusa para imputar a Casado.