Tras la defensa de la pena de muerte está un impulso reactivo que equipara "justicia" con "venganza" y que exige al sistema penal una función sacrificial: por un lado, restitución pública del daño infligido y, por el otro, inmolación ritual del delincuente por el bien de la comunidad. En los últimos días, en España, esta pulsión atávica se ha manifestado con virulencia extrema tras el infanticidio de Gabriel. La imagen del pueblo exigiendo el cuerpo de la culpable evocaba hoguera y horca.
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