Cuando el noruego Roald Admunsen llegó al Polo Sur en 1911, probablemente no pensó en el engranaje legal y geopolítico que se organizaría en torno a su descubrimiento. Desde entonces distintos países han reclamado porciones de la tarta antártica. Para evitar una carrera territorial y quizás un futuro conflicto, entre 1959 y 1961 entró en vigor el Tratado Antártico, por el cual se estipulaba que esta porción de tierra helada no pertenecía a ningún país y solo podía ser utilizada para investigaciones científicas —excluyendo ensayos nucleares—.
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