En una legislatura en Aragón marcada por las exigencias del Gobierno de Jorge Azcón al Ejecutivo central de más fondos para vivienda, para sanidad, para gestionar a los menores migrantes o para las riadas, la recaudación por el patrimonio en manos de los más ricos se desploma en la comunidad, con 12 millones de euros y 6.000 declarantes menos. Y lo hace por las bonificaciones impulsadas nada más llegar por los populares tras las elecciones de 2023.
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