Afectaba directamente a la asistencia sanitaria de algo más de un millón de personas, entre funcionarios y sus familiares. No es que fueran a quedarse sin sanidad, pero sí sin seguro privado con cargo a fondos públicos. Con los sindicatos en contra, amenazas de huelga, una prórroga y movilizaciones, el Ejecutivo quería evitar que Muface se desmoronase sin un plan b definido. Adeslas y Asisa han acudido a la llamada. Ha sido a la tercera y tras un pulso que ha elevado la factura hasta los 4.808,5 millones de euros para los años 2025, 2026 y 2027
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