La Fundación Rusia Libre ha sido añadida a la lista de "organizaciones extremistas" del Ministerio de Justicia ruso, lo que prohíbe su trabajo en el país y expone a sus empleados a posibles persecuciones penales. La fundación, creada en 2014, apoya a víctimas de represión política y publica informes analíticos. Su directora, Natalia Arno, sufrió un intento de envenenamiento, y su vicepresidente, Vladimir Kara-Murza, fue envenenado dos veces y condenado a 25 años de prisión.