El Gobierno inicia este lunes su anunciada ofensiva legal contra la Comunidad de Madrid por la negativa a crear el registro de objetores al aborto. «Deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas», ha dicho Sánchez en X este lunes, «un derecho esencial, convertido en negocio. No lo vamos a permitir».
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