Los familiares, que han sido defendidos por la asociación El Defensor del Paciente, habían solicitado 300.000 euros por entender que la muerte del afectado, de 71 años, había sido consecuencia de una deficiente asistencia médica en el centro, donde fue intervenido en 2009. La administración negaba la existencia de mala praxis.
Comentarios
Que mas da...imaginemos que son 300.000€, ¿quien paga?, nosotros.
30000 euros de mierda, asesinar sale bien barato cuando lo hace el gobierno