Veinte años después de que se adjudicara a Mémora el contrato que ahora el Tribunal Supremo ha asentado como ilegal, Serfunle debe decidir cómo mantiene el negocio de los servicios funerarios en los términos municipales de León, San Andrés y Villaquilambre: si mediante un nuevo concurso público para la elección de un socio privado o con una gestión directa pública en la que se podría aprovechar la mancomunidad de interés general (MIG).